COMITÉ DE CONCILIACIÓN

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COMITÉ DE CONCILIACIÓN

¿QUÉ ES EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN?

LA CONCILIACIÓN es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. Como mecanismo alternativo de solución de conflictos aboga, entre otros, por la descongestión de despachos judiciales y por la protección y defensa de los intereses públicos contribuyendo a amainar la conflictividad entre la Administración Pública del Estado y los particulares.

EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN es una instancia administrativa de carácter obligatoria que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la Universidad del Popular del Cesar. Actúa, también en materia de conciliación prejudicial y judicial, en los asuntos en los que la universidad sea parte o pueda llegar a serlo.

Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La petición de conciliación o extrajudicial podrá presentarse en forma individual o conjunta por los interesados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente; además, constituye un requisito de procedibilidad en asuntos contencioso administrativos.

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

1. INTEGRANTES PERMANENTES CON VOZ Y VOTO:

    • El Rector, quien lo presidirá
    • Vicerrector Administrativo
    • El jefe de la Oficina Asesora Jurídica
    • Jefe de Planeación y Desarrollo Universitario
    • Coordinación Grupo Gestión Desarrollo Humano

La participación en el Comité será indelegable, salvo la excepción prevista para el Rector, en el inciso a.

    2. INTEGRANTES PERMANENTES CON DERECHO A VOZ:

      • Funcionario/a (s) que por su condición jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto.
      • El (la) apoderado (a) que represente los intereses de la entidad en cada caso o proceso.
      • El (la) jefe (a) de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces
      • El (la) secretario (a) técnico (a) del Comité.

    Invitados/as ocasionales con derecho a voz y voto: La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuando sea invitada a sus sesiones.

    Invitados/as ocasionales con derecho a voz: Los y las funcionarios públicos y/o contratistas del Estado que por su conocimiento y experiencia puedan apoyar la decisión del comité de conciliación. Para el efecto, los miembros del Comité de Conciliación, podrán formular, a través de la secretaría técnica la respectiva invitación.

      FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

      Funciones. El Comité de Conciliación de la Universidad Popular del Cesar, cumplirá las funciones previstas en el artículo 120 de la Ley 2220 del 2022 o las normas que la modifiquen o sustituyan, y en especial, las señaladas a continuación:

      1. Formular, aprobar y ejecutar las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico de la entidad, de conformidad con los lineamientos emitidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
      1.  Involucrar en el proceso deliberativo previo a la aprobación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico a las funcionarias y los funcionarios del nivel directivo de las áreas administrativas y/o misionales donde se generan las fallas o actuaciones administrativas que ocasionan el daño antijurídico.
      1. Garantizar la divulgación, socialización y apropiación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico al interior de la entidad, así como desarrollar acciones pedagógicas para evitar reincidencia en las causas generadoras de daño antijurídico.
      1. Hacer seguimiento efectivo a las áreas responsables de la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico.
      1. Realizar retroalimentación permanente a las áreas responsables de la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico.
      1. Diseñar las políticas generales que orientan la defensa judicial de los intereses de la entidad. Para tal efecto, se deberán integrar los lineamientos y directrices que haya exp